ARIS ACCORNERO

EL INDIVIDUALISMO DE MERCADO Y EL TRABAJO POSFORDISTA [1]

1.-- El individualismo de mercado

El optimismo de los años noventa en torno a la globalización ha sido liquidado por los contrastes entre los Estados Unidos, Europa y el Sudeste asiático, de un lado, y, de otro, por las tensiones bélicas de las guerras en Afganistán e Irak. La fuerte ralentización de la integración internacional no parece, sin embargo, que afloje el impulso hacia una globalización, entendida como una uniformización del mundo, a la que, con todo, tienden tanto el poder de los mercados financieros como la “hegemonía” cultural americana, es decir: el predominio ideológico del individualismo de mercado anglosajón. Ronald Dore da un gran relieve a esta hegemonía, afirmando que ésta influye duramente en el mundo del trabajo y en el cambio social; ello es así tanto con la primacía de la America way of life y del Consenso de Washington, como con el poder de los media, de las armas y, en menor medida, de la economía, aunque --como el mismo Dore hace notar-- haya disminuido tras el ataque a Irak.
El predominio ideológico del individualismo de mercado va más allá de la macdonalización[2]: baste recordar que, durante años, instituciones como el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial han impuesto a otros países una serie de condiciones y comportamientos de mercado que los gobiernos norteamericanos no respetan en su propio país. Y también va más allá de la cantidad de mánagers que han ido a los Estados Unidos para aprender a gestionar la economía y las empresas; de hecho una gran parte de las élites políticas --como, por ejemplo, la española-- se han formado en las business school americanas, y estando cercanos al Financial Times, Wall Street Jornal y Economist se abonan también al Business Week…
El individualismo de mercado se propone como “pensamiento único del verdadero capitalismo” los objetivos del capitalismo estadounidense. Baste citar la referencia de los neoconservadores a la duración de la jornada laboral: “nosotros, americanos --afirma el Weekly Standard-- tenemos muchos más bienes porque trabajamos más que vosotros, europeos, que en Francia y Alemania habéis inventado la semana de 35 horas”. Aunque en base a esa lógica los americanos tendrían que trabajar todavía más para intentar vivir por encima de sus propias posibilidades y seguir endeudados con el resto del mundo… Mientras el “verdadero” capitalismo propone su propio individualismo, el capitalismo real muestra diferencias geopolíticas que desmienten las ideas marxistas y liberales que hablan de un sistema uniforme, ya que en el mundo coexisten, entre los grandes partners, modelos sociales diferentes, mientras otros se alinean entre los países emergentes como China y la India.
La señal más llamativa del individualismo de mercado es la homologación lingüística, porque esencialmente amplia una secular preeminencia imperial anglosajona. Ello hace incluso añorar el esperanto como una ocasión fallida para el movimiento de los trabajadores: incluso el apasionado internacionalismo de dos intelectuales cosmopolitas como Marx y Lenin se circunscribió a poco más allá de las lenguas alemana y rusa.
El soft power del individualismo de mercado y el hard power de los mercados financieros pueden influir en la regulación-desregulación del trabajo y los mercados de trabajo a nivel global. Baste pensar en el tipo software made in India, para muchas empresas americanas, o las trece mil empresas creadas en Rumanía por los empresarios italianos. O en los trabajadores migrantes, pero también en los nativos. Ello subraya la importancia del derecho del trabajo y de todas las instituciones que, a nivel mundial, pueden promover investigaciones y poner en marcha directivas estándar y convenios correctos, empezando por la OIT: además de su esfuerzo contra el trabajo infantil, bastará con citar importantes intervenciones recientes sobre los derechos de los trabajadores con relación a inversiones extranjeras y a las transferencias de producción y empresas, con o sin trabajadores.
Dore invita justamente a no infravalorar los poderes que siguen teniendo los Estados nacionales, incluso cuando ceden soberanía a instituciones supranacionales como la Unión Europea, cuyo “gobierno” y el propio Parlamento han prometido leyes sobre los siguientes asuntos: el trabajo temporal, el horario de trabajo, trasferencias a las empresas, video terminales, teletrabajo, mobbing… Una contraprueba de la soberanía viene desgraciadamente del Reino Unido donde, a pesar del gobierno laborista, el individualismo de mercado anglosajón ha obstaculizado las reducciones de los horarios de trabajo. Una prueba de soberanía supranacional viene de la Corte Europea de Justicia que recientemente ha condenado a Italia que había consentido a partidos y sindicatos a aplicar a los trabajadores menores una serie de tutelas contra los despidos.
Ciertamente, los sindicatos son indispensables, ya sea a nivel nacional como internacional, para impedir que los cambios del trabajo reduzcan la protección de los trabajadores y con el objeto de permitir que las nuevas formas de empleo tengan una adecuada tutela. Por otra parte, si los sindicatos en Occidente muestran señales de declive, en los países emergentes parecen recorrer velozmente la historia de las organizaciones de los trabajadores. Cierto, su influencia está políticamente amenazada por la de los empresarios que las consideran costosas, incluso cuando tienen necesidad de ellas para obtener consenso social. Pero dicha influencia está amenazada de una manera más insidiosa cuando las modificaciones de la estructura y de funcionamiento descomponen las fábricas y reducen las dimensiones de las empresas. En realidad, mientras se restringen los tradicionales deseos de tutela para el trabajo fordista, se expanden nuevas necesidades para el trabajo de naturaleza posfordista. Respecto al pasado, los sindicatos deben estar más cerca de los trabajadores, a los que deben proteger no sólo con los derechos colectivos sino también con individuales, y deben hacerlo sobre los mercados laborales no menos que en los centros de trabajo. Sobre todo, los sindicatos pueden ofrecer alguna ayuda incluso a quien podría protegerse a sí mismo gracias al poder que tiene en el mercado.
Por otra parte, los cambios del trabajo son tales que, para defender a los trabajadores, no basta aferrarse a las protecciones del pasado, sino que es necesario diseñar con realismo soluciones legislativas y contractuales adecuadas. (Dore critica el gobierno de centro-izquierda que, en Italia, introdujo las primeras formas de trabajo flexible. Pero estas medidas, después de años de freno al empleo crearon dos millones de puestos de trabajo; ahora temo que las leyes recientemente aprobadas por el gobierno Berlusconi crearán, sin embargo, muy pocos empleos y sí mucha precariedad) Una aproximación realista también es necesaria para combatir las desigualdades económicas y el dumping social, haciendo posible la globalización de los mercados. Por ejemplo, respecto al mezquino proteccionismo del sindicato norteamericano AFL-CIO, es preferible la vieja arma del boicot, temida por empresas multinacionales como la Nike.

2.-- Las raíces del cambio del trabajo

En estos inicios del siglo XXI, los cambios del trabajo son una parte del cambio social y recuerdan la “gran transformación” que estudió Karl Polanyi[3] y evocada por Dore; o sea, la que, en el siglo XIX, había hecho nacer en el Reino Unido el mercado de trabajo, el trabajo asalariado y la producción industrial. Pero también recuerdan la que en el siglo XX introdujo en los Estados Unidos el scientific management, l’assembly line y la producción en masa. Los cambios que distinguen estas tres épocas de la historia del trabajo no pueden tener raíces directas en agentes y eventos como las victorias del neoliberalismo o en los gobiernos Thatcher-Reagan por la sencilla razón que los trascienden.
Sin embargo, las raíces de los cambios no son las innovaciones tecnológicas o la expansión de los mercados, sobre los cuales pueden incluso influir; por otra parte, estas dos variables explican así tantas cosas que corren el peligro de no aclarar nada. Cuando digo esto, no disminuyo, sino que enfatizo el alcance de los cambios, cuyas raíces son más prosaicas y más potentes que los gobiernos y las ideologías. En las tres épocas ha existido una transición histórica de un modelo de producción y de consumo a otro; y el trabajo ha cambiado, ante todo, porque han cambiado las estructuras y el funcionamiento de las empresas.
La última de estas transiciones se compendia en el modelo posfordista. Como todo el mundo sabe, la cosa empezó en Japón, un país que ha hecho escuela, aunque Ohno y Deming[4] no son unos padres tan nobles como Taylor y Ford. En el extranjero nadie copió enteramente el “modelo Toyota” que, por otra parte, está ligado a las tradiciones culturales y al sistema social del Japón. Pero todos sacaron sus conclusiones, como lo hicieron en su día con relación al scientific management. Entre los primeros que “tomaron en serio al Japón” fueron los fabricantes norteamericanos del automóvil, rodeados de los compact car que se producían bajo sus mismas narices con métodos nuevos.
Todavía sigue el curso de esta tercera gran transformación. Para refundar las relaciones con el mercado y pasar “de la escala al objetivo”, millones de empresarios y mánagers han renunciado a la rigidez del fordismo, desestructurando y reconstruyendo las empresas para hacerlas más ágiles, más flexibles. Después de un siglo, el proceso de integración, realizado verticalmente dentro de las empresas, ha invertido su rumbo para realizarlo horizontalmente entre las empresas. Por ejemplo, la Fiat, de Melfi, fabrica ella el 7 por ciento de los componentes, mientras que hace veinte años la cosa llegaba al 35 por ciento.
La idea Toyota --el genoma del posfordismo-- no fue otra que la de responder a la condensación del mercado local, diversificando y “personalizando” la oferta. El poder del mercado de cada cliente particular no ha crecido mucho pero sus opciones inciden más directamente sobre los flujos de producción, creando una variabilidad de la demanda y una elasticidad operativa que no tiene precedentes. La turbulencia de los mercados es tal que, con respecto al pasado, muy pocas empresas tienen pedidos a un año vista. Las preocupaciones y las esperanzas para el trabajo tienen, pues, sus raíces en un mecanismo de adaptación que se estimula por sí mismo y que constituye un ulterior estadio de la producción capitalista como “producción de necesidades”, para decirla con Marx.
Todo ello ha hecho tumultuosa la demografía de la empresa, la favorita también de la globalización de los capitales. Ha aumentado el número y ha disminuido el tamaño de los lugares de trabajo, donde se encuentran por todos los sitios fragmentos de trabajo y personas que trabajan con horarios complicados o en horas insólitas o sin horarios porque trabajan en sus casas particulares. Incluso hasta los grupos que han surgido tras una determinada fusión se organizan en un conjunto de empresas de menores dimensiones que antaño. Todo eso ha redimensionado los peores aspectos del trabajo fordista que lo hacían, preestablecido de antemano, repetitivo y monótono, exigiendo modalidades y relaciones de trabajo flexible. Junto al trabajo a tiempo pleno y de duración indeterminada, las empresas utilizan formas diversas de empleo que hacen temer que el job se precarice, que se ataquen los derechos y que se amenace la personalidad del trabajador.
No obstante, hay una mejora además de la disminución de la fatiga: el siglo XX que se inició con el apotegma de “no se os paga por pensar”, ha acabado con el eslogan de “la calidad depende de vosotros”. De hecho, las competencias y prestaciones que se exigen a los trabajadores están menos masificadas porque las empresas, en especial las nuevas, privilegian el trabajo en equipo y el de tipo individual tal como reclama la producción en una serie de pequeños lotes. Ello desplaza sencillamente el es la orientación: “de la empresa al grupo” (como señala Capelli), incluso involucrando, todavía más, a la gente, generalmente sin una recompensa, ni siquiera con stocks options.
No obstante, ello cambia el modo de trabajar, como demuestra la investigación Epoc, de la Federación Europea de Dublín: el modelo japonés enseñó, precisamente, de qué manera se podía usar mejor las capacidades de los trabajadores uniendo producción sencilla just in time y cooperación del trabajo polivalente. Por lo general, los contenidos del trabajo tienden a convertirse en más cognitivos, cooperativos y polivalentes, incluso en ciertas actividades estandarizadas. En el posfordismo hay todavía mucho fordismo, de manera que las novedades son ambiguas, baste pensar en los call center o en los supermercados. En el siglo XX, sin embargo, estudiábamos la opresión que era propia de la monotonía y de la repetición, mientras que ahora hemos de estudiar el ansia generada por la variabilidad y la incertidumbre que provocan estrés al trabajador y no tanto cansarlo. Ayer los síntomas eran la rigidez y el aburrimiento, hoy lo son el frenesí y la variabilidad. Muchos sufrían la nivelación y la masificación de las tareas que hoy, empero, cambian en prisa, crecen de prisa, evolucionan de prisa. De prisa.
Algunos afirman que la mayor autonomía “individualizará” el trabajo, pero esto es un wishful tinnking como aquel que hablaba del “fin del trabajo asalariado”: la autonomía en el trabajo crece en un sentido funcional, no total. Quien trabaja tiene muchos más medios y modos para funcionar, pero lo hace dentro de una red de vínculos --información, procedimientos, señales-- más férrea que la “jaula de acero” de la que hablaba Max Weber. Las nuevas tendencias no deben sorprender: el siglo XX no podía ser el último ni el mejor de la historia del trabajo.
Riesman describió el prefordista siglo XIX como la era del individuo self-directed y el siglo paasado como la era del individuo ofher-directed. Hoy, el posfordismo persigue al consumidor y cautiva al trabajador en tanto que particulares y les propone un modelo débil de self-direction; quizás trabajar con más autonomía y (por ello) con más responsabilidad consiga más opciones y más valoración. El individualismo de mercado involucra al productor y al consumidor, reflejándose el uno y el otro apasionadamente. Se podría establecer la hipótesis de que el posfordismo comporta un trade-off favorable a los precios y a costa de los salarios, aunque ello traicione la receta ford-keynesiana, es decir, aquella que afirmaba que “en cierta medida nuestras ventas dependen de los salarios que pagamos”.
Los contenidos del trabajo posfordista hacen pensar que su calidad tiende a mejorar, de manera que no tenemos razones para añorar los tiempos pasados. Sin embargo, las relaciones del trabajo posfordistas hacen temer que la tutela de los trabajadores tienda a empeorar y, de ahí, que haya mucho que lamentar. En definitiva, la empresa tiene más necesidad de los trabajadores, pero se preocupa menos de ellos, y esta contradicción explica los contradictorios juicios sobre el posfordismo.

3.-- Nuevas tutelas para el trabajo posfordista

El trabajo estimula hoy preocupaciones, sobre todo, porque comporta mayores probabilidades y/o frecuencia de esfuerzos discontinuos que obstaculizan la acumulación de experiencias y hacen incierta la recolocación profesional, tortuosas las carreras profesionales y casi imposibles los proyectos de vida; incluso se convierte en algo complicado eso de conseguir préstamos. Hablando en general, este es el escenario de la precariedad de muchos jóvenes que inculpan al trabajo flexible porque genera inseguridad. De aquí las lamentaciones por un pasado en el que los empleos eran más estables, en especial en aquellos países, sectores y empresas donde las leyes, los convenios o los pactos daban mayor certidumbre.
Sin embargo, la prioridad que se da al empleo por tiempo indefinido no ha sido abandonada hasta tal punto que todos los documentos de la Unión Europea definen “normal” dicha modalidad, mientras que el porcentaje de los empleos por tiempo determinado con relación al total varían mucho de un país a otro: en Europa se va del 10 por ciento italiano al 32 por ciento español. No sólo por razones de conveniencia, ya sea en términos de “capital humano”, ya sea de fiabilidad de las prestaciones, empresarios y mánagers emplean muchos menos trabajadores temporales que estables, tal como refiere Dore, que de manera correcta no hace derivar el final del trabajo de por vida como consecuencia de las mayores discontinuidades de los trayectos laborales.
Pero el cambio sigue siendo significativo. En el pasado siglo, taylorismo y fordismo abrieron nuevas perspectivas de trabajo a las empresas mediante el modelo de producción y consumo basado en la producción en masa y las economías de escala. Los ingredientes de Taylor fueron el scientific management y la one best way; los modelos de Ford fueron la assembly line y los salarios de cinco dólares diarios. No obstante, para conquistar y ampliar los mercados no bastaba que los aprovisionamientos fueran constantes, los productos estandarizados y la producción regular: se necesitaba que la aportación de la fuerza de trabajo fuera estable, asidua y disciplinada. Así, en varios países, se introdujo por ley el contrato de trabajo a tiempo indefinido que, en la Italia fascista de 1926 substituyó el Código civil de 1865, según el cual se podía trabajar al servicio de otros “a tiempo”; es decir, los trabajadores, como una forma de skilled, podían irse libremente dando lugar a un sustituto, lo que enojaba a los empresarios. Así pues, no debe extrañar que el trabajo por tiempo indefinido suscitara malhumores.
Dore recuerda el pasaje juvenil en el que Marx y Engels esbozan un bucólico escenario de polivalencia profesional, tal como diríamos hoy. Pero todas las utopías del trabajo prometieron muchas vidas laborales, ya sea mediante una opción personal o por necesidades sociales: solamente encontramos empleos de por vida en las llamadas “utopías negativas”, como las de Butler, Zamiatin, Huxley, Bradbury… Por cierto, en un libro de 1860, el primer obrero que llegó a ser diputado en Francia, Antime Corbon, contó que un compañero suyo que, en los Estados Unidos trabajó como tipógrafo, había tenido muchos oficios y decía con entusiasmo: “Así me siento menos molusco y más hombre”, Y en un famoso best-seller de 1883, Auguste Bebel ilustró el programa de la socialdemocracia alemana, de la que era su máximo dirigente, defendiendo como un deseo de la naturaleza humana “la libertad de opción y de cambio del empleo para el armónico perfeccionamiento del hombre”. De manera que cuando se convirtió en normal el empleo estable y excepcional el de tipo temporal, se operó un auténtica ruptura de la tradición que parecía reequilibrar la asimetría entre trabajo y capital, aunque ello no evitara la gran crisis y el importante desempleo durante la segunda y tercera décadas del siglo pasado. Pero aquella ruptura aseguraba a los empresarios una fidelidad duradera y a los trabajadores una dependencia garantizada; y, aunque para algunos el trabajo de por vida fue una suerte, para otros se convirtió en una desgracia.
El intercambio resarcido entre subordinación del trabajo y estabilidad en el trabajo --que llamaré “compromiso fordista”-- era un modelo de regulación indispensable en la gran empresa para la producción en masa, que dio al siglo XX una inmensa fuerza tanto constructiva como destructiva. Hoy, la producción en serie de pequeños lotes reduce la exigencia de subordinación y de estabilidad en el empleo, cuya cantidad y calidad deben adaptarse más y mejor que ayer a la dinámica de los mercados, a la evolución de los productos, a los turnos de las empresas, al progreso de las tecnologías y a las novedades del saber.
El posfordismo tiene necesidad de flexibilidad en todos los terrenos creando tantas diversidades que el mundo del trabajo ya no se parece al sistema unitario que se creó con el fordismo alrededor de la gran industria. Por ejemplo, crecen aquellos itinerarios laborales donde las competencias, en el ámbito de la empresa, se analizan según la tradición europea (y en gran parte japonesa) de la movilidad social en el puesto de trabajo, mientras en otras categorías laborales crecen otras modalidades, siguiendo la tradición americana, esto es, entre diversos puestos de trabajo.
Ahora bien, las tutelas de ayer estaban pensadas para otro trabajo y otros trabajadores. De hecho, los sistemas de Estado de bienestar garantizaban que la continuidad en el empleo no estuviera amenazada por las crisis de las empresas y de la inexperiencia de los patronos. Sin embargo, hoy, el welfare debe garantizar que nadie pierda derechos y que no se pierda ningún derecho por la discontinuidad en el empleo. Cuando Marshall[5] escribió “un hombre que ha perdido su trabajo, ha perdido su pasaporte para la sociedad” suscitó una cuestión de la ciudadanía del trabajo. La que hoy se vuelve a proponer con toda fuerza. En efecto, una vida laboral más flexible no puede romperse cuando se pasa de un empleo a otro, de un trabajo asalariado al autónomo. O viceversa.
Quien es más móvil no puede estar menos protegido ni más penalizado: debe ser recompensado, también, porque ofrece al sistema la versatilidad que se reclama. Este principio es fundamental para una protección social que ponga al día las tutelas de ayer sin renunciar al camino histórico de la solidaridad y la igualdad. El posfordismo parece proponer a los asalariados un trabajo de calidad y una participación responsable. Estas podrían ser las bases de un compromiso social a la altura del fordismo. Pero no está escrito que los empresarios y los managers sepan proponer la participación que se necesita. De hecho en muchas empresas se ven pocas trazas de ello. Tawney ha escrito: “Es ocioso esperar que los hombres den lo mejor de ellos a un sistema en el que no confían o que tengan confianza en un sistema que no controlan de ningún modo”.

4.-- Las preocupaciones por los cambios del trabajo

Preocupaciones y esperanzas por el trabajo han acompañado las tres “grandes transformaciones” del trabajo. La primera revolución industrial pareció poner en duda la confianza en la ciencia porque se temía que el sistema de fábrica podría embrutecer las facultades mentales. Ello preocupó a los más fervientes fautores de la industria como Ferguson, Smith y Owen. Las novedades que lucidamente analizaron Hegel y Marx fueron denunciadas también por Carlyle, Tocqueville e incluso por Schiller. Se decía: la división del trabajo “expresa pobreza, ignorancia y despilfarro”. Las operaciones repetitivas “no desarrollan la inteligencia ni la inventiva”. La habilidad del trabajador “está cada vez más limitada” y se convierte “en un apéndice de la máquina”; su personalidad “se degrada hasta una extrema estrechez”; la industria crea “un trabajador sin alma, aunque más rápido”; la personalidad del hombre “se degrada poco a poco, aunque el obrero se perfecciona”; el hombre “se convierte en un fragmento”.
Movimientos sociales, organizaciones obreras y legisladores concienciados reaccionaron y consiguieron las primeras medidas protectoras. Y cuando el sistema de fábrica se consolidó, Veblen notó que los influjos que surgían de ciertos hábitos tenían consecuencias positivas. Era así en términos de exactitud porque estimulan una “percepción cuantitativa” y en términos de lógica porque generan una “comportamiento causal”.
En el siglo XX se dio otra “gran transformación” que fue menos dramática, aunque más profunda cuando el trabajo se predeterminó mediante normas científicas, tal como fue inmortalizado por Chaplin en “Tiempos modernos”.
Se temía que la tecnología industrial disgregase y despersonalizase el trabajo. En efecto, aquel modo de trabajar se adaptaba más a llenar la jornada laboral y colocar más productos en el mercado, pero mostraba una antropología tosca como hicieron notar sociólogos famosos. Thomas y Znaniecki escribieron que conducía a una “degeneración gradual y segura del género humano”; Friedmann denunció “el menosprecio de la manera de funcionar del trabajo físico y mental del organismo”; Walker y Guest analizaron los efectos alienantes del trabajo que exige una “atención mental superficial”; Braverman habló de “degradación del trabajo”… Por estas razones la acción colectiva de defensa de los trabajadores consiguió fundar los sistemas de protección social.
Pero, por otro lado, la genial filósofa Simona Weil, después de una durísima experiencia laboral, alabó la “geometría del trabajo” que expresaba la industria; De Man[6], estudioso y dirigente socialista, dijo que las máquinas “traían consigo mayor iniciativa e inteligencia”; Gramsci, muerto en las cárceles fascistas, escribió que el fordismo era “el mayor esfuerzo para crear un nuevo tipo de trabajador y de hombre, indudablemente superior”[7]; el filósofo Herbert Marcuse hizo notar que “los individuos son expoliados de su humanidad no por constricciones externas sino por la misma racionalidad de su vida”.
Hoy, la fábrica ha perdido el aspecto dominador y subyugante, mientras que la tecnología ha liberado al hombre de las tareas penosas. Los miedos vienen hoy del mercado. Boltanski, Chiapello y otros temen que la flexibilidad del trabajo introduzca mayores desigualdades sociales y debilite el estatus del trabajador. Richard Sennett[8] compara dos vidas y piensa que, respecto al padre, el carácter del hijo corroerse por la discontinuidad de los empleos. Lo que, por otra parte, considera positivo.
Bien, quien se pregunte sobre el tipo de trabajo que surgirá tras la tercera “gran transformación”, le contestamos que ello dependerá, tal vez, de cómo se verán defendidos los trabajadores.

Quaderni di Rassegna sindícale-Lavori. Núm l, enero-marzo de 2004

(Traducción y Notas de José Luis López Bulla)
[1] Aris Accornero es miembro del Comité editorial de Quaderni Rassegna sindacale, revista teórica de la Confederazione Generale Italiana del Lavoro y profesor de Sociología industrial de la Universidad de Roma.
La Revista on line del Ctesc, http://www.larevistactesc.net/, agradece al autor y a QRS la gentileza en cedernos la publicación en las lenguas castellana y catalana de este artículo.
[2] Para un conocimiento de este fenómeno véase la obra de George Ritzer “La macdonalización de la sociedad” (Ariel)
[3] Nuestros lectores pueden consultar en la sección Lectures d’interés, http://www.larevistactesc.net/, un interesante trabajo, a cargo del profesor Calafati, sobre la obra de Karl Polanyi.
[4] Ohno fue ingeniero jefe de Toyota y, de hecho, el padre del sistema toyotista de organización del trabajo. William E. Deming, estadístico norteamericano; desde su llegada a Japón, en 1950, influyó de tal manera en la gestión empresarial que revolucionó los métodos llamados de calidad.
[5] Se trata de Th Marshall el prestigioso sociólogo que reflexionó sobre la ciudadanía y sus nuevos derechos.
[6] Henri de Man fue uno de los dirigentes socialistas más brillantes en la segunda y tercera década del siglo pasado y dirigió el partido socialista belga; el último periodo de su vida política estuvo ensombrecido por su adhesión al nazismo, véase Donald Sassoon en “Cien años de socialismo”.
[7] Ver “Americanismo y fordismo” (Cuadernos de la Cárcel) en la “Antología de Antonio Gramsci”, traducida por Manuel Sacristán. Para una lectura crítica de este americanismo y fordismo gramsciano, véase Bruno Trentin en “La città del lavoro” (Feltrinelli)
[8] Richard Sennett es autor de obras tan representativas como “La corrosión del carácter” (Anagrama, 2001)

LA CONSTRUCCION EUROPEA

Nicolás Sartorius

Cuando me invitaron a la Fundación Sindical de Estudios, me propusieron que pronunciara una conferencia sobre “hacia dónde va Europa”, yo empezaría casi con un chiste: ¡eso me gustaría a mí saber!, en todo caso, voy a intentar decir hacia donde debería ir. Resumiendo mucho, aunque luego volveré sobre el tema de Francia, creo que en Francia lo que ocurre no es sólo un problema de “miseria compleja”, que también, sino que se ha ido deteriorando la situación social. El Estado de Bienestar, durante los últimos años, ha ido retrocediendo, se han ido recortando ayudas, todo esto ha golpeado con más fuerza a los barrios más desfavorecidos donde vive gente que procede de otros países, pero que ya son franceses, con situaciones de desempleo, de fracaso escolar, de viviendas insuficientes..., y en un momento determinado explota y se crea una situación bastante ingobernable.No creo que acertemos diciendo solamente que es un problema de inmigración. No es un problema de inmigración, no es un problema de integración -de todas maneras hay que distinguir a los que realizan los actos vandálicos con los que participan en la protesta general-, porque los chicos que protestan son franceses, sus padres son franceses, sus abuelos procedían de Argelia, Marruecos o de Túnez; pero ellos son franceses.Refiriéndome al título de la conferencia, creo que en estos momentos en Europa estamos varados, atascados. El No a la Constitución en Francia y en Holanda ha frenado un proceso que ahora se ve que no tenía un recambio fácil, por lo menos hacia la izquierda, sino que más bien lo puede tener hacia la derecha. “Si decimos No a esa Constitución vamos a tener una situación mejor”, decían algunos. La experiencia es que vamos a peor. Yo creo que no se sabe muy bien para donde tirar, estamos en un período de reflexión después del No francés y holandés y sería bueno utilizar este período para debatir con los ciudadanos qué queremos hacer de Europa en el futuro; es decir, pasar de una concepción Europea muy elitista para intentar que haya una participación más amplia de la ciudadanía, de los sectores sociales, de las organizaciones. ¿Hacía donde vamos?. No es suficiente con decir que no, hay que ofrecer alternativas en este momento. Creo que la Unión Europea tardará unos años en aclararse, al menos un par de años. El tema de la Constitución depende mucho de lo que pase en las próximas elecciones francesas. Hay quien dice que tendría que irse a un nuevo referéndum con algunas aclaraciones interpretativas de los aspectos menos aceptables para la ciudadanía francesa, que no cambian el Tratado Constitucional, pero que se pudiese de alguna manera repetir el Referéndum, porque otras opciones son bastante difíciles. Se está pensando en una nueva Convención, yo creo que eso va a ser imposible.Una reforma del Tratado Constitucional también es complicada porque ya hay 14 países que hemos votado que Sí, ¿cómo se les dice a los ciudadanos que tendrían que volver a votar?, es un lío intentar modificar el texto, con lo cual atascar la Constitución Europea ha sido, en mi opinión, un golpe muy serio a la construcción europea, a pesar de las críticas que se le pudiera hacer a ese Tratado en algunos aspectos. Creo que si se hubiese aprobado en Francia y Holanda la situación sería distinta, habría un horizonte más despejado.De cara al futuro, la situación se está poniendo difícil por diferentes causas. La primera de todas es que la ampliación hacia los países del Este y hacía Turquía y otros, hacen todo más complejo más difícil. Es decir, una construcción a 25 y luego con Bulgaria y Rumania -que también quieren entrar, junto con algunos países balcánicos- hace cada vez más complicada la construcción europea. Creo que la ampliación se ha hecho precipitadamente, y se ha hecho por intereses internos de algunos países, sobre todo de Alemania, por una especie de temor a que se Rusia se pudiera recuperar y pudiese poner obstáculos para que países de su influencia pudiesen entrar. Se ha ampliado sin haber profundizado en lo que es la construcción europea, me parece que eso ha sido un error que estamos pagando y lo vamos a pagar; son países con rentas muy inferiores a la media de la Unión Europea de los 15; con problemas de seguridad totalmente distintos, con ideas diferentes, con mayorías políticas distintas. No tenemos nada más que ver el ejemplo de Polonia, que es el país más importante de los que entran con la ampliación, y es un país en el que en este momento litigan dos fuerzas políticas que se han enfrentado en las últimas elecciones: una de derecha y otra aún más de derechas -ahí la izquierda ha desparecido cuando estaba gobernando, por la corrupción y por otra de serie de causas ha pasado al 9% de votos-, por tanto, construir una Europa con países así es muy complicado; o en Chequia, por ejemplo, donde el presidente del país dice que hay que salirse de la Unión Europea, cuando hace poco que han entrado, y aliarse con EE.UU. -que son los serios, los fuertes y lo que funciona-. Además, tenemos situaciones como en Italia, con Berlusconi, que esperamos que se modifiquen en las próximas elecciones; y una situación en Alemania donde se ha creado un Gobierno de gran coalición que ya veremos lo que da de sí; o el caso de Francia, donde me temo que también puede ser una pugna entre candidatos de la mayoría de la derecha; aunque la izquierda está remontando. Es decir, no es una situación brillante la que hay, lo que no quiere decir que no se pueda modificar en el futuro. En la economía nos encontramos con que no va bien, y no va bien en los países centrales. Europa crece poco -está creciendo a un 1,8% - 1,7% en los países más importantes. Alemania ya ha dejado de ser la locomotora y el único que está creciendo más es España, con ese 3,5%, pero España no es un motor determinante. Los motores son Francia, Alemania y, en su caso, Inglaterra, pero esos países no están creciendo suficiente y eso dificulta el desarrollo de Europa.Tenemos un tercer factor a considerar, que es la globalización. La globalización o mundialización está siendo demasiado “liberal”, donde se imponen criterios “no liberales” y surgen reflejos nacionales o nacionalistas, es decir, la gente quiere protegerse de la mundialización sobre la base de volver a defender lo suyo, a defender su espacio, y eso no es algo que facilite el desarrollo de una Unión Europea como comunidad. Si la Europa política no avanza acabará retrocediendo la económica.

BRUNO TRENTIN: TRABAJO Y CONOCIMIENTO

Bruno Trentin: discurso tras ser distinguido como Doctor Honoris Causa por la Universidad Ca´ Foscari (Venecia)


Señor Rector Magnífico. Señor Decano de la Facultad de Economía y Comercio. Señores miembros del Consejo de Facultad: doctores Beggio y Malgara. Señoras y Señores. Queridos amigos.
Pueden ustedes comprender mi emoción, en este momento, no sólo por el honor que impropiamente me hacen con este doctorado, sino por la iniciativa que han tenido celebrando este acto en el aula que lleva el nombre de mi padre. Siempre he sido reacio ha hablar públicamente de él, dado el respecto y reconocimiento que le debo: hoy no cambiaré este comportamiento. Tan sólo quiero testimoniar que lo poco de válido y de útil que he producido en el curso de mi larga vida, lo debo por entero a su enseñanza y ejemplo; a su radical incapacidad de separar la ética de la política con relación a la moral cotidiana, y por ello pagó con sus propias convicciones.
El tema de esta intervención es la relación entre el trabajo y el conocimiento. Lo he escogido porque me parece que en esta extraordinaria trama que puede llevar al trabajo a convertirse cada vez más en conocimiento y capacidad de iniciativa --y, a partir de ahí, en creatividad y libertad, incluso si se trata de solamente de una potencialidad, de una salida posible, pero no cierta de las transformaciones en curso en la economía y las sociedades contemporáneas-- está el mayor desafío que tenemos en los inicios de este siglo. Es un reto que puede conducir a la eliminación de viejas y nuevas desigualdades y de las diversas formas de miseria que vienen, sobre todo, de la exclusión de miles y miles de personas de una misma comunidad.
TRABAJO Y CONOCIMIENTO
1. Sin embargo, no se puede decir que la gran transformación del trabajo y del mercado laboral --cuyo arranque es el salto de cualidad operado en la década de los setenta y ochenta, con la revolución de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y de los procesos de mundialización de los intercambios, saberes y conocimientos-- haya tenido, desde sus inicios, una puntual interpretación en la literatura económica y social.
Pocos han sido los observadores que entendieron, como Robert Reich, que nos encontramos frente a un proceso que, con sus contradicciones y desigualdades a escala nacional y mundial, comportaba igualmente la caída de los modelos fordistas de producción rígida y de masa, además de un cambio en la aportación que construía la riqueza de las naciones. No obstante, fueron muchos los apologetas acríticos de una sociedad posmoderna. Y también fueron muchos los profetas de la desventura. En efecto, hizo fortuna, en Europa e Italia (como ocurrió en la segunda posguerra frente a los procesos de automoción y producción en masa), una literatura catastrofista y liquidacionista que ha tenido un fuerte peso en la opinión pública y en la cultura política de aquellos entonces. La década de los ochenta y noventa fueron unos años en los que tuvieron un insólito éxito ciertos “best sellers” como El fin del trabajo de Jeremy Rifkin. El trabajo, un valor en vía de desaparición, de Dominique Meda o, para el gran público, El horror económico, de la novelista Viviane Forrester. Estos textos y otros tantos subproductos parecían dictar los contenidos y las formas del fin de la historia, y para las fuerzas socialistas y los sindicatos, el final de todo proyecto de sociedad que tuviese como uno de sus sujetos el mundo del trabajo: las clases trabajadoras. Fue el éxito de esta literatura una de las señales más manifiestas del retraso con el que una gran parte de la cultura política europea percibió la cualidad del gran cambio que significó el final de la era fordista en la segunda mitad del siglo pasado.
No se trataba del fin del trabajo. Pero, paradójicamente, estábamos en una la fase donde se sucedían procesos de reestructuración y de despidos en masa con un crecimiento a escala mundial de todas las formas de trabajo, empezado por las subordinadas y asalariadas; y ello con un ritmo como nunca había sucedido en el pasado. No era el fin del trabajo como entidad y valor. Pero sí estábamos ante un cambio del trabajo y de las relaciones de trabajo, y también del papel que el trabajo tenía en la economía y en las sociedades de los países afectados por los procesos de mundialización. Era un cambio del trabajo que apuntaba, ciertamente, sobre todo a una minoría, aunque con un fuerte incremento de los que prestan su mano de obra; pero cuyas consecuencias afectaban a los menos profesionalizados: se volvía a proponer el trabajo como factor de identidad a un número creciente de mujeres y hombres. Cierto, como uno de los factores de la identidad de la persona humana.
2. En efecto, la cualidad y creatividad del trabajo se volvieron a proponer no solo como la condición de la riqueza de las naciones (como sostenía Robert Reich) sino como factor insustituible de la competitividad de las empresas.
Pues bien. Cada vez más son más desacertadas aquellas estrategias de la empresa que apuntan, no a la valoración del trabajo sino a su desvalorización, a la pura y simple reducción de los costes con los objetivos de: competir con las economías menos protegidas del planeta, la ratificación el carácter del trabajo asalariado que sólo debe ejecutar, salvaguardando así el mito del trabajo como ciego apéndice de una clase managerial pensante.
El uso flexible de las nuevas tecnologías, el cambio que provocan en las relaciones entre producción y mercado, la frecuencia de la tasa de innovación y el rápido envejecimiento de las tecnologías y las destrezas, la necesidad de compensarlas con la innovación y el conocimiento, la responsabilización del trabajo ejecutante como garante de la calidad de los resultados… harán efectivamente del trabajo (al menos en las actividades más innovadas) el primer factor de competitividad de la empresa. Son unos elementos que confirman el ocaso del concepto mismo de “trabajo abstracto”, sin calidad, --como denunciaba Marx, pero que fue el parámetro del fordismo-- y hacen del trabajo concreto (el trabajo pensado), que es el de la persona que trabaja, el punto de referencia de una nueva división del trabajo y de una nueva organización de la propia empresa. Esta es la tendencia cada vez más influyente que, de alguna manera, unifica dadas las nuevas necesidades de seguridad que reclaman las transformaciones en curso) un mundo del trabajo que está cada vez más desarticulado en sus formas contractuales e incluso en sus culturas; un mundo del trabajo que, cada vez más, vive un proceso de contagio entre los vínculos de un trabajo subordinado y los espacios de libertad de un trabajo con autonomía.
Está claro que estamos hablando de una tendencia que parece destinada a prevalecer. Pero que, a su vez, choca con las fuertes contradicciones presentes en la gestión de la empresa. Ésta, la empresa, permanece anclada, en casos muy numerosos, en una organización de trabajo de tipo taylorista, incapaz de socializar un proceso de conocimiento y aprendizaje. El fordismo ha muerto; no así el taylorismo.
Pero en las empresas tecnológicamente avanzadas y con una organización adecuada al uso flexible de las nuevas tecnologías, el trabajo que cambia (es decir, el trabajo concreto con sus espacios de autonomía, de creatividad y con su incesante capacidad de aprender) se convierte en la vara de medir la competitividad de la empresa. En esos casos, la flexibilidad se entrelaza con un proceso de socialización de los conocimientos y con un continuo enriquecimiento de las habilidades de las personas.
3. Pero es preciso distinguir bien la flexibilidad como ideología y la flexibilidad como realidad.
La introducción de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones con los cambios de las relaciones entre demanda y oferta (que se derivan de uso cada vez más flexible y adaptable, de la rapidez y frecuencia de los procesos de innovación con la consiguiente obsolescencia de los conocimientos y la profesionalidad) impone sin ningún género de dudas --como imperativo ligado a la eficiencia de la empresa-- un uso flexible de las fuerzas de trabajo y una gran adaptabilidad del trabajo a los incesantes procesos de reestructuración que tienden a convertirse, no ya en una patología sino en una fisiología de la empresa moderna.
Esta adaptabilidad puede realizarse de dos maneras: o con un enriquecimiento y una recualificación constante del trabajo y una movilidad sostenida mediante un fuerte patrimonio profesional. O, en dirección contraria, con un recambio cada vez más frecuente de la mano de obra ocupada y de la que no ha tenido ninguna oportunidad de ponerse al día y cualificarse. En la mayoría de los casos, al menos en Italia, lo habitual es esta segunda opción, con este tipo de flexibilidad… Y en esta situación tan corriente (¡entiéndase bien!) la flexibilidad del trabajo no deja de ser un imperativo para la empresa. Pero lo habitual es que va acompañada de: un enorme despilfarro de recursos humanos y profesionales acumulados en el tiempo, que no han tenido la oportunidad de ponerse al día; un empleo precario al que corresponde una regresión de la profesionalidad; la creación de un segundo mercado de trabajo, o sea, los “poor works”.
No hay problema cuando los “poor works” coinciden con la primera fase de la vida laboral y se entrelaza (como es el caso de muchos estudiantes) con la continuidad de sus estudios y la adquisición de nuevas aptitudes. El problema existe para toda la sociedad, y para la cohesión de la misma sociedad entorno a valores compartidos cuando estos “poor works” coinciden con la formación de un ghetto al que se ven relegados los trabajadores precarios, estacionales y parados estructurales a quienes se les niega la movilidad e, incluso, actividades subordinadas o autónomas con mayores contenidos profesionales y, por ello, con más espacios de autonomía en sus decisiones. Por este motivo, con el objetivo de ocultar el problema, se ha puesto en marcha una vasta literatura que ha hecho de comparsa en los últimos años, asociando la flexibilidad, especialmente la de “salida” con la creación de puestos de trabajo y, más aún, con la tendencia al pleno empleo; una literatura que ignoraba años de verificación que demuestran que la flexibilidad del trabajo es neutra respecto al volumen general del empleo y que, incluso sus efectos pueden hacerse sentir con carencias de mano de obra disponible para empleos cualificados.
En mi modesta opinión, esta ideología de la flexibilidad sólamente ha contribuido a consolidar las resistencias en el trabajo que cambia y a esconder la enorme cuestión que surge en la era de las transformaciones tecnológicas de la información. Esta enorme cuestión, que decimos, es la socialización del conocimiento, que tiene como objetivo impedir --mediante la “fractura digital”-- la creación de una fosa cada vez más profunda entre quien está incluido de un proceso de aprendizaje a lo largo de toda su vida laboral y quien brutalmente está excluido del control de dicho proceso. Y es fácil ver que esto se convierte en un problema más para el futuro de la democracia.
En realidad, se trata de situar --frente a estos desafíos y contra la amenaza de una profunda fractura social entre quien tiene saberes y los que están excluidos-- los contenidos de un nuevo contrato social, de un nuevo estatuto de bases para todas las tipologías del trabajo subordinado, heterodirecto o autónomo, partiendo de la idea que, para un número creciente de trabajadores, el viejo contrato social está superado.
4. Tal como figura en el código civil, el viejo contrato social preveía substancialmente un intercambio equo entre un salario y una cantidad (de tiempo) de trabajo (abstracto y sin calidad) sobre la base de dos presupuestos fundamentales que formalmente no figuraban en el pacto:
n La disponibilidad pasiva de la persona que trabaja, no contemplada formalmente en el pacto porque hubiera supuesto un intercambio monetario con una “parte” de dicha persona;
n La duración indeterminada de la relación de trabajo, salvo eventuales ocasiones o graves culpas del trabajador, y el premio a la fidelidad y antigüedad en el trabajo para desincentivar la movilidad de un empleo a otro.
¿Qué emerge de la relación social que, en cierta medida, se desprende de las transformaciones tecnológicas y organizativas de las empresas?
Primero, que el tiempo es cada vez menos la medida del salario. La calidad de la prestación del trabajo y la intervención del trabajador son fisiológicamente diferentes en una u otra porción del tiempo. Es el fin del trabajo abstracto.
Segundo, que la creciente importancia de la calidad y autonomía del trabajo (capacidad de seleccionar las informaciones y, por ello, de tomar decisiones) comporta, también para los trabajadores “de ejecución”, una responsabilidad ante el resultado que recae en el trabajador, y no tanto en su disponibilidad de erogar ocho horas diarias de trabajo, dejando al empresario el uso efectivo de tales horas y la oportunidad de prerrimar esta fidelidad.
Tercero, que cada vez es menor --como equivalente de un salario y de una disponibilidad pasiva de la persona-- la perspectiva de un empleo estable y, en todo caso, de una relación de trabajo estable. La flexibilidad hace que, tendencialmente, desaparezca esta certeza.
5. No es ocioso proponer un nuevo tipo de contrato de trabajo que englobe en sus principios fundamentales todas las formas del trabajo subordinado o heterodirecto y toda esa jungla que se extiende con la desregulación salvaje del mercado laboral.
Frente a la caída de la estabilidad en el puesto de trabajo y el final del contrato por tiempo indeterminado (que era el que tenían, en tiempos pasados, la mayoría de los trabajadores), se puede pensar en un intercambio entre un salario ligado a un empleo flexible --ya sea en el interior de una empresa que, fuera de ella, en el mercado de trabajo-- y el acceso del trabajador a una empleabilidad. Se trataría de una empleabilidad que se concreta en una inversión por parte de la empresa, del trabajador y de la comunidad en un proceso de formación permanente y en una política de recualificación, capaz de garantizar, en vez del puesto de trabajo fijo, una ocasión de movilidad profesional en el interior de la empresa; y, en todo caso, una nueva seguridad que acompañe al trabajador, quien --después de una experiencia laboral determinada-- pueda afrontar el mercado de trabajo en mejores condiciones y con una mayor fuerza contractual. Y también se puede pensar en la manera de reconocer a la persona concreta (que deviene un sujeto responsable y activo y no pasivo en la relación de trabajo) un derecho a la información, consulta y control del objeto de trabajo: el producto, la organización del trabajo, el tiempo de trabajo, el tiempo de formación y el disponible para su vida privada; de ello, dicha persona debe responder con una actividad que ya no será ciega e irresponsable.
¿No constituiría este tipo de participación de cada cual o de los grupos colectivos un modo de extender las formas horizontales y multidisciplinares en la organización del trabajo, mediante la participación formada e informada de un creciente número de operadores?
En fin, se puede pensar en la necesidad de garantizar a todos los sujetos un contrato de trabajo y particularmente a los que recurren a la miríada de contratos por tiempo determinado o a contratos de colaboración coordinada y continua (siempre por tiempo determinado) el principio de la certidumbre del contrato. O sea, el contrato no puede ser revocado unilateralmente por parte del dador de trabajo; tan sólo podrá rescindirse cuando se haya demostrado que el trabajador ha cometido una falta muy grave. En las prestaciones más cualificadas, se puede pensar incluso en que este derecho a la certidumbre del contrato englobe a ambos sujetos de la relación de trabajo.
6. Un nuevo contrato social, inclusivo, en un welfare efectivamente universal, es algo imperativo ante las desigualdades que señalan (en primer lugar, en términos de oportunidad) el acceso a los servicios sociales fundamentales, empezando por la enseñanza y la formación. Pero aquí nos encontramos frente a otro reto que pone cuestiona la relación entre trabajo y conocimiento.
Veamos. La población envejece rápidamente en Europa y particularmente en Italia. En el 2004 el grupo etario de entre los 55 a 65 años superará, en cantidad, a los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y 25 años. Y empiezan a ponerse encima de la mesa problemas relevantes, ya sea para garantizar la salud y la asistencia a las personas más longevas, ya sea para que los pensionistas tengan una renta decorosa. La única solución que hasta ahora los gobiernos han tomado en consideración ha sido la de garantizar una pensión mínima, en el límite de la supervivencia, con carácter universal; y, por otra parte, permitir a los más afortunados (los que no tienen interrupciones significativas de la relación de trabajo) el recurso a los fondos de pensiones privados.
La reducción de la seguridad en la asistencia sanitaria y en el régimen de pensiones no parece que sea una solución sostenible a medio plazo, como no sea partiendo en dos el mercado de trabajo y provocar un aumento, insostenible a la larga, de la exclusión social y de la pobreza. El único camino, difícil pero factible, para conjurar una perspectiva de ese tipo es, no obstante, el incremento de la población activa, con vistas a financiar el Estado de bienestar. Dicha población activa es, en Italia, el cincuenta por ciento de la población, mientras que en los países nórdicos está entre el 72 y el 75%. Un esfuerzo de esa envergadura comporta ciertamente un aumento de la ocupación femenina y el incremento de una inmigración cada vez más cualificada. Ahora bien, parece ineludible la promoción de un envejecimiento activo de la población, con el aumento voluntario, pero incentivado, del empleo de los trabajadores de más edad y en edad pensionista.
Sin embargo, desde ese punto de vista, hoy, la situación es dramática para los trabajadores de más edad --de más de cuarenta y cinco años-- que son los primeros en ser despedidos y cuya pérdida del empleo coincide, en la gran mayoría de los casos, con la desocupación estructural en el periodo comprendido entre los cuarenta y cinco a los sesenta años, en puertas de la pensión de jubilación. Esta es la perspectiva con la progresiva desaparición de la pensión de ancianidad. Hasta la presente, los trabajadores italianos de más de cincuenta y cinco años que traban representan tan sólo el 35 por ciento frente al 70 por ciento en los países escandinavos.
El incremento de la población activa (también para los trabajadores veteranos) aparece como la única alternativa a la reducción de la tutela de la pensión universal. No obstante, hacer frente a este reto --y, al mismo tiempo, garantizar una efectiva relación entre una población más longeva y la vida social de la comunidad en un proceso de inclusión en la vida civil y política del país-- comporta un esfuerzo extraordinario en el campo de la formación y recualificación del trabajo; un esfuerzo que implica, en muchos casos, (por ejemplo, los inmigrados y las personas mayores) la reconstrucción de un mínimo de cultura de base. Se trata, pues, de imaginar una política de la formación a lo largo de toda la vida laboral, que vaya más allá de la obligación formativa hasta los dieciocho años, capaz de modular las técnicas de formación y aprendizaje en razón a la edad, del origen, la cultura de base y del saber hacer de los trabajadores y las trabajadoras. Efectivamente, se trata de personalizar, cada vez más, las prácticas formativas para eliminar unas deficiencias tan numerosas.
7. La realización del objetivo que fijó la Unión Europea en la Cumbre de Lisboa (2001) fue: elevar en diez años al setenta por ciento el nivel medio de ocupación de la población total de la Unión; incentivar el envejecimiento activo y la recualificación de los trabajadores de más edad; favorecer para todos una mayor profesionalidad hacia arriba durante toda la vida laboral… Bien, estos objetivos presuponen un cambio radical en la estructura del gasto público y en la organización del sistema formativo en todos los países de la Unión. Y particularmente en Italia que, salvo algunas excepciones, sigue siendo el farolillo rojo en el campo de las inversiones (que son inseparables las unas de las otras) en la investigación y para la formación, muy por detrás no sólo de los Estados Unidos y de la mayor parte de algunos países europeos sino, incluso, de algunos de los del sudeste asiático.
En primer lugar, un radical cambio en las prioridades del gasto público y en las formas de incentivar las inversiones privadas, destinadas a la formación y la investigación. Lo que comporta un relevante aumento de los gastos destinados a la formación e investigación en los centros de enseñanza media y en las universidades, y al mismo tiempo una consistente incentivación de las inversiones por parte de las empresas, acompañada de controles y sanciones en aquellos casos de utilización impropia de las finanzas públicas. Efectivamente, se trata de superar la renuencia de la mayor parte de las empresas (sobre todo, de las innovadas) de invertir en el factor humano, precisamente cuando una parte importante de la mano de obra tiene un empleo precario y temporal. Y, con esta finalidad, parece inevitable prever para los programas de formación, de puesta al día o de recualificación --con independencia de la intervención de las instituciones públicas nacionales y locales-- una participación de los trabajadores en su financiación y una posterior legitimación de su derecho de propuesta y control de sus programas formativos. Esto significa que la contratación del salario y del horario de trabajo deberá tener en cuenta (como una forma de “salario en especie” o de “seguro para la movilidad profesional”) el concurso de los trabajadores en la financiación y en el ejercicio de las actividades formativas que interesan a la empresa, tanto a nivel nacional como en el territorio en el caso de las pequeñas empresas
También la Unión europea podrá participar, en estas condiciones, en la financiación de las actividades formativas y de investigación, conformando todas las sinergias que puedan realizarse con otras instituciones académicas y otras empresas europeas.
Sin embargo, en lo referente a la organización del sistema formativo parece que será de fundamental importancia las relaciones transparentes entre las instituciones de la enseñanza media, las universitarias y las empresas, salvando cada cual su propia autonomía. Y no me refiero solamente a la formación profesional. En buena medida se trata de de experimentar sistemáticamente la práctica de los “stages” tanto para los estudiantes como para el profesorado. Ahora bien, la enseñanza no pretende remediar los problemas del envejecimiento y la obsolescencia.
Se trata de abrir la enseñanza secundaria y las universidades a la participación periódica de aquellos docentes que provienen del mundo de la empresa.
Y se trata, también, de dotar a la Universidad de medios y organismos adecuados para poder desarrollar en el territorio una acción de promoción de experimentos empresariales, en los que la investigación y la formación de alta cualificación puedan desarrollar un papel de impulso que sea decisivo. En esto, esta Universidad, Ca´ Foscari está dando un ejemplo de autonomía capaz de aprehender importantes experiencias que abren una nueva dimensión en el trabajo de investigación y formación en el mundo universitario.
8. No obstante, es fácil comprender que, teniendo como objetivo los acuerdos de Lisboa, la construcción de una sociedad del conocimiento no quede reducida a una cuestión de dinero u organizativa. Se trata, realmente, de poner en marcha una especie de revolución cultural que supere --con la iniciativa política y social-- tantísimas inercias que interfieren su consecución.
Inercias de las fuerzas políticas que intentan concretar en un Estado de bienestar centrado en la formación las prioridad de las prioridades en una política económica y de pleno empleo, pero que prefieren recurrir a la moda de una indiscriminada reducción de la presión fiscal, inevitablemente acompañada, además, por un recorte de los recursos para la enseñanza, la formación y la investigación.
Inercias de muchas realidades empresariales que privilegian la flexibilidad “de salida” de su mano de obra respecto a las inversiones, a medio plazo, que asegure un mayor uso de la flexibilidad del trabajo en el interior del centro de trabajo y, en todo caso, una mayor ocasión de empleabilidad y reocupación de los trabajadores.
Inercia también en la psicología de muchos trabajadores que ven, incluso con aversión, el esfuerzo en una actividad formativa solamente en los años de juventud.
Inercia en algunos sectores de la enseñanza frente a la necesidad de experimentar nuevas formas de autonomía y de poner en entredicho viejas certezas.
Y, por último, inercia también en muchos comportamientos sindicales que se retrasan en poner en el centro de la negociación colectiva la conquista de un sistema de formación para toda la vida laboral.
Así pues, podríamos ser escépticos sobre la posibilidad de realizar las estrategias de Lisboa y la posibilidad de superar (aunque sea gradualmente) el retraso de dieciocho años que se ha ido acumulando, durante la década de los ochenta, en competitividad de la economía europea con relación a la norteamericana.
Ahora bien, podemos consolarnos con dos convicciones. La primera consiste en el fracaso incontrovertible de aquellas políticas de empleo que no pasan por la promoción de una actividad formativa del hacer y saber hacer: completando y valorando la formación y la enseñanza. Y la contraprueba está representada en el sistema de aprendizaje en Alemania que ha reducido en los últimos años al mínimo el desempleo juvenil de larga duración. Vayamos, pues, en esa dirección. La segunda viene de la experiencia que viví en la década de los setenta, cuando se trató de experimentar en el mundo del trabajo asalariado y en la escuela, el acuerdo sindical de las “150 horas” de formación a cargo de la empresa por 300 horas de formación efectiva. Con todos sus límites, errores y sus rebabas, aquella experiencia liberó tales energías en el mundo de la enseñanza y en el de los trabajadores menos cualificados, consintiendo situar una nueva pedagogía para la formación de adultos y dejó huellas profundas y muchos cuadros sindicales. Esta experiencia está, hoy, dispersa en gran medida. ¡Pero fue posible!
¿Es hoy posible liberar --como si se tratase de una aventura europea-- energías, iniciativas, acciones políticas y sociales, parecidas a las de los años setenta, responsables y fuertes para nuestra economía y nuestra sociedad? A pesar de todo, estoy convencido de ello.
Muchas gracias a todos ustedes por haberme ofrecido una oportunidad para decir estas cosas.

Traducción de José Luis López Bulla

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BAYLOS EN "EGUAGLIANZA E LIBERTA"

Spagna, storia e analisi dell'accordo sul lavoro Un giuslavorista spagnolo ripercorre le tappe che hanno portato il governo Zapatero, i sindacati e gli imprenditori a varare un'intesa che, senza sacrificare la flessibilità, dovrebbe ridurre il lavoro precario, aumentare le tutele e migliorare la formazione

1. Il Dialogo sociale come primo obiettivo del Governo Zapatero

Appena vinte le elezioni del marzo 2004 e con l'opposizione nazional-popolare ancora in stato di shock, il governo socialista di Zapatero fissò quale priorità quella di siglare un grande accordo sociale in materia di rapporti di lavoro e di sicurezza sociale. La Dichiarazione comune che l'8 luglio 2004 firmarono Governo, UGT, CC.OO. e CEOE-CEPYME su Competitività, Impiego Stabile e Coesione Sociale, fu il testo che materializzò questo obiettivo. Con essa si affermava un modello di dialogo sociale che era stato messo in dubbio dall'ultima tappa della aznaridad a cui il movimento sindacale aveva decisivamente risposto mediante il riuscito sciopero generale del 20 giugno 2002.

Soltanto due anni e un mese dopo, nella Dichiarazione Tripartita, sarebbe stata aperta una serie di temi da trattare nel quadro di un esteso programma di riforme sociali sulle quali il governo Zapatero avrebbe costruito buona parte delle sue speranze politiche, riforme che tuttavia si affidavano alle pratiche di negoziazione tra gli interlocutori sociali seguendo sostanzialmente il modello che si era andato consolidando in Spagna a partire dagli accordi del 1996 e 1997 tra le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali più rappresentative CC.OO. e UGT.

Nella Dichiarazione del 2004 si disegna un progetto di riforme da sviluppare attraverso il dialogo sociale e l'autonomia collettiva. L'idea è che questo progetto converga con quello che sostiene politicamente il governo, ma non richieda una subordinazione né un'acritica accettazione da parte degli interlocutori sociali. Al contrario, ciò che in questo testo si mantiene è una sorta di riserva a favore del dialogo sociale sulle materie di contenuto sociale, in quanto il potere pubblico si impegna - politicamente - a consultare e negoziare le proprie iniziative in tema di occupazione, relazioni di lavoro e protezione sociale con l'organizzazione padronale e i sindacati. Su taluni dei temi inclusi nella dichiarazione del luglio 2004, come la riforma del sistema legale di negoziazione collettiva, la riserva su ciò che possono negoziare gli interlocutori sociali è assoluta, poiché il governo si obbliga a rispettare il contenuto del negoziato e a "riceverlo" nella legislazione qualunque sia il risultato della stessa.

La regolazione del mercato del lavoro costituiva uno degli assi portanti degli spazi di dialogo sociale. Essa tuttavia muoveva da una problematica molto precisa, riassumibile, in modo sintetico ma efficace, nell'insufficiente volume di occupazione e nell'elevato livello di temporaneità. Le parti dichiaranti decisero di affidare ad un gruppo di esperti l'elaborazione di un rapporto di valutazione e analisi delle politiche per l'impiego realizzate nel nostro paese a partire dalla riforma del 1994. La composizione piuttosto eterogenea di questa Commissione e la consapevolezza che tale organo non poteva né doveva formulare raccomandazioni alle parti sociali, ma semplicemente fornire elementi di giudizio e di informazione che potessero servire nel successivo dibattito, resero inutile lo sforzo che realizzarono i suoi membri e sterile il suo contenuto.

Nella primavera del 2005 gli interlocutori sociali e il governo iniziarono la negoziazione sugli aspetti relativi alla riforma delle regole in materia di impiego ed assunzioni, sulla base di un'indicazione chiara. Questa consisteva nella risoluta opzione per il lavoro stabile, per la restrizione delle assunzioni a termine - "tenendo presente le nuove forme imprenditoriali di organizzazione del lavoro" - con una speciale attenzione al problema dei giovani e delle donne dal debole inserimento nel mercato, alla formazione professionale, alla disciplina del lavoro degli immigrati e all'emersione del lavoro irregolare, nonché alla riforma e miglioramento dei servizi pubblici per l'impiego.

Questo processo ha avuto una lunghissima durata. Solo nel maggio 2006 si è giunti ad un accordo - l'Acuerdo sobre la Mejora del Crecimiento y del Empleo - che ha preso forma giuridica nel Real Decreto-Ley n. 5/2006, del 9 giugno, pubblicato nel BOE il 14 giugno allegando ragioni di urgenza per non presentarlo come progetto di legge in Parlamento. Una prima riflessione sull'esteso arco temporale della negoziazione e sulle sue caratteristiche può essere pertinente per spiegare il contenuto e l'orientamento dell'Accordo.

2. Una concezione del dialogo sociale basata su tre parti

È evidente che il programma di riforme sociali enunciato nella Dichiarazione del luglio 2004 era molto ampio e affrontava un complesso di politiche sociali e alcuni impegni legislativi che superavano i margini di una negoziazione ridotta a proseguire, mediante ritocchi, le precedenti linee di regolazione. In esso, come si è visto, gli aspetti relativi al mercato del lavoro erano molto importanti. In particolare, il governo intendeva stimolare la riforma del lavoro assegnandole un proprio segno di identità, corrispondente al nuovo modo di fare politica a partire dalle elezioni del marzo 2004 e dalla configurazione di un'alleanza parlamentare di centro sinistra pilotata dal PSOE e nella quale si associavano Izquierda Unida e Esquerra Republicana della Catalogna, quest'ultima fino alla sua uscita dal governo tripartito catalano allorché ha infine deciso di sollecitare il voto negativo nel referendum per l'Estatuto de Autonomía Catalano.

Il dialogo e la negoziazione sulle riforme erano alcuni degli elementi caratterizzanti la politica del governo, affermati espressamente - al di là di quanto si era determinato nella prima Dichiarazione tripartita, che si limitava ad un impegno di apertura di periodi di consultazione e di negoziazione nelle materie sociali - là dove si segnalava che la nuova regolazione di un qualsiasi aspetto del mercato del lavoro avrebbe irrimediabilmente richiesto l'accordo tra tutte le parti sociali. Questo impegno collocava ciascuna delle parti negoziali in una posizione di forza evidente, potendo brandire la minaccia di veto sulle decisioni della maggioranza, ma fondamentalmente fu percepito come una scommessa per preservare la capacità delle parti di trovare spazi di convergenza sufficientemente ampi sulla base degli obiettivi perseguiti, insomma per la stessa creatività del dialogo sociale.

In questo modo si configura il processo di concertazione intorno ad un tavolo con tre negoziatori, le associazioni imprenditoriali, il sindacalismo più rappresentativo e il governo, con piena formalizzazione del carattere intrinsecamente tripartito di questa attività di creazione di regole di riforma del sistema di impiego. La cosa più rilevante da registrare è che il potere pubblico non solo vuol apparire come interessato al processo di negoziazione e come obbligato dai risultati dello stesso, ma esprime anche una posizione attiva nel suo svolgimento come soggetto del processo di concertazione sociale.

La presenza del governo al tavolo del dialogo sociale intende assicurare, di fatto, la conduzione effettiva del processo, orientandone lo sviluppo e marcando nella stessa negoziazione la portata e i limiti dei contenuti affrontati. Non si tratta pertanto di una posizione neutrale o di mero "recettore" degli accordi cui fossero pervenuti imprenditori e sindacati - come indicava il "modello" di negoziazione degli Acuerdos del 1997, punto di riferimento in altri aspetti dell'attuale processo di concertazione -, ma di un'attitudine di direzione del processo di dialogo in convergenza con - e funzionale a - il concreto progetto regolativo che in materia di relazioni di lavoro il governo presenta come fulcro della propria attività politica in materia sociale.

Questa posizione del potere pubblico che simultaneamente contiene i limiti della negoziazione ed autorizza la dimensione e la portata dei suoi contenuti ha molto a che vedere con l'incapacità dei soggetti sociali di imporre le rispettive posizioni strategiche nel corso della negoziazione. La funzione arbitrale del governo, che a volte è stata espressamente sollecitata da qualche interlocutore sociale, rafforza tale posizione direttiva del potere pubblico nel processo di negoziazione.

3. L'indebolimento dell'accordo sociale quale elemento centrale della governabilità
Nei due anni di durata della negoziazione sulla riforma del mercato del lavoro si è realizzata una costante destabilizzazione istituzionale delle politiche del governo ad opera del Partido Popular con il sostegno di importanti gruppi di interesse, organizzazioni sociali e mezzi di comunicazione. L'opposizione alla guerra in Iraq, la politica di uguaglianza e di repressione della violenza di genere, il riconoscimento di diritti civili a gay, lesbiche e transessuali, la riformulazione dell'autonomia politica della Catalogna e la cessazione del fuoco dell'ETA con l'apertura di un processo di negoziazione con la banda armata sono stati tutti temi sui quali i nazional-popolari, con l'appoggio della Chiesa cattolica, di molte delle Associazioni delle Vittime e la copertura mediatica di gran parte della stampa e degli altri mezzi di comunicazione, tra i quali spicca la COPE, emittente della Conferenza Episcopale, hanno posto in essere una strategia di logoramento e confronto diretto con il potere pubblico allo scopo di delegittimarlo e screditarlo apertamente.

In tale scenario, il laboratorio dell'opinione pubblica costituisce il terreno decisivo sul quale si è andata giocando questa strategia politica di demonizzazione delle misure democratiche avviate dal governo Zapatero.

Ciò ha avuto delle ripercussioni sul tema di cui ci si occupa. Ha determinato un certo spostamento dei meccanismi di legittimazione politica verso altre tematiche più legate, sebbene in maniera diffusa, al godimento dei diritti civili in generale, con il conseguente eclissarsi dell'impatto, in termini di legittimazione sociale, delle riforme del governo in materia di rapporti di lavoro e protezione sociale. Ciò significa che l'importanza rivestita dagli accordi di concertazione sociale come meccanismo di gobernabilidad basato sulla partecipazione e sul consenso degli attori sociali - o, meglio, di gobernanza, utilizzando l'espressione privilegiata dall'Unione Europea - si è andata riducendo nell'attuale contesto politico spagnolo, perdendo per così dire la centralità nel progetto di riforma presentato dall'alleanza di governo progressista, e questa certa svalutazione ai fini legittimatori ha anche inciso negativamente sulla visibilità degli interlocutori sociali, imprenditori e sindacati, quali soggetti politici di rilievo e quali elementi di democratizzazione della società nel suo complesso.

Questo fenomeno può essere indubbiamente analizzato anche in ordine ai contenuti degli accordi di concertazione sociale e alla loro percezione da parte della popolazione. Non sembra che si manifesti il problema della precarietà del lavoro e della sua bassa qualità come un elemento "generale" che acquisisce una posizione decisiva nei dibattiti politici e nell'azione di governo, quest'ultima maggiormente sollecitata da altri spazi d'azione nei quali il confronto e il rumore mediatico sono molto intensi. Addirittura in un tema quale la non autosufficienza come nuova situazione di necessità, la regolamentazione e tutela non si sono innestate in un dibattito sul sistema di Sicurezza Sociale, con il peso politico che avrebbe comportato, ma si sono stemperate in un più ampio dibattito sull'esclusione ed inclusione sociale come elemento di civilizzazione democratica legata al benessere sociale e alla protezione di anziani e disabili nel quadro di un impiego femminile non dichiarato né riconosciuto. Si tratta pertanto di un periodo storico in cui si può parlare di un tipo di governabilità post-socialdemocratica, nel quale i meccanismi di concertazione sociale non possiedono la forza e l'intensità in termini di legittimazione che pure erano andati acquisendo nel corso dei differenti "modelli" conformemente ai quali si era espresso di recente.

4. L'Accordo Sociale sull'Occupazione

Queste circostanze spiegano perché l'Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del Empleo riveli una certa modestia nella sua presentazione e nei suoi obiettivi, a margine del maggiore o minore ottimismo delle dichiarazioni che sono state effettuate dinanzi alla sua sottoscrizione. Strutturato in tre grandi blocchi, l'Accordo disciplina in primo luogo gli interventi volti alla promozione e sostegno delle assunzioni a tempo indeterminato e alla conversione dei rapporti a termine in rapporti stabili; in secondo luogo statuisce misure per migliorare l'utilizzo dei contratti a termine, limitando la successione contrattuale e avanzando nella regolamentazione delle forme in cui si organizza la temporaneità, specie attraverso gli appalti e subappalti e la cessione illecita di lavoratori; e, da ultimo, destina un terzo blocco di disposizioni al potenziamento delle "politiche attive del lavoro", mediante il Sistema Nacional de Empleo, e al miglioramento della tutela a fronte della mancanza di lavoro.

La prospettiva con cui è stata affrontata la problematica della precarietà segue le linee maestre che si misero in pratica negli Accordi del 1997, dei quali si fa, nella relazione al RDL 5/2006, esplicita menzione. Si tratta, in sintesi, di assegnare importanti sovvenzioni pubbliche in forma di sgravi contributivi a quelle imprese che assumono lavoratori con contratti a tempo indeterminato la cui particolarità rispetto al contratto a tempo indeterminato "comune" è data dalla circostanza che in caso di illegittimo licenziamento individuale per cause oggettive - quindi non nelle ipotesi di licenziamento disciplinare e di licenziamento collettivo - l'indennizzo che il datore deve pagare al lavoratore è inferiore a quello stabilito dalla legge in via generale (33 giorni per anni di servizio a fronte dei 45 giorni come regola generale). Questa stessa figura si impiega qualora i datori di lavoro decidano di trasformare contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, senza che sia richiesto il recepimento di tale possibilità nella negoziazione collettiva aziendale o di categoria. Il tema è importante perché, come è risaputo, il tasso di temporaneità in Spagna è enormemente alto, intorno al 33% del totale dei contratti di lavoro.

In sintonia con gli Accordi del 1997, viene dedicata buona parte delle prescrizioni al contenimento dell'uso scorretto dei contratti a termine, penalizzando come fraudolenta la pratica della concatenazione contrattuale, regola applicabile anche ai contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, e alla riformulazione di alcuni (pochi) tipi contrattuali speciali, come il contratto di formazione, al quale si restituisce la causa formativa e del quale si limita l'utilizzazione come mera forma di inquadramento a basso costo del lavoro dei giovani ovvero, nella configurazione dello Statuto dei lavoratori riformato nel 2001, degli immigrati, mentre si sopprime una formula temporanea molto contestata, ossia il contratto di inserimento, anch'esso introdotto da quella riforma del lavoro, il quale era legato a sovvenzioni pubbliche per la realizzazione di un'opera o un servizio di interesse generale in municipi e Comuni.

A ciò si aggiunge, come elemento originale, una incipiente regolamentazione di diritti fondamentalmente collettivi nell'ambito del fenomeno del subappalto - accanto al recupero della nozione di cessione illegale di lavoratori - che prospetta una ricostruzione unitaria della figura del datore di lavoro allo scopo di attribuire diritti di informazione e consultazione che pretendono una maggiore trasparenza in queste modalità organizzative. Esistono, inoltre, altre prescrizioni di interesse che si riferiscono all'azione degli Ispettorati del lavoro e al suo coordinamento con gli agenti sociali nella pianificazione dell'attività di ispezione e di controllo di questi aspetti della regolamentazione del lavoro.

Un terzo gruppo di precetti si sofferma sull'estensione dell'intervento del Fondo de Garantía Salarial - la nostra Cassa Integrazione Guadagni - e sulla possibilità che i lavoratori di età matura espulsi dal mercato prolunghino la tutela contro la disoccupazione dal livello contributivo massimo al livello non contributivo.

Naturalmente, accanto a quanto statuisce l'Accordo si collocano le rivendicazioni, principalmente sindacali, che non sono state tenute in considerazione. E che, utilizzate dalla critica politico-sindacale, possono in qualche modo sminuire l'accordo raggiunto. Esse incidono sulla realtà del sistema di impiego spagnolo, e ricordano che un terzo dei lavoratori occupati non gode di una indennità di licenziamento o ne gode in misura ridottissima - coloro che sono assoggettati ad un contratto a termine - e che il costo del licenziamento in Spagna è andato diminuendo ad ogni riforma lavoristica - nell'ultima, mediante la concreta eliminazione dei denominati salarios de tramitación qualora il datore riconosca l'illegittimità del licenziamento e offra l'indennità nella procedura di conciliazione amministrativa che precede la domanda giudiziale -, senza che si sia riusciti ad invertire questo aspetto attraverso gli accordi di concertazione sociale.

È vero che tali argomenti sono importanti, perché in fin dei conti si basano sulla realtà della concreta strutturazione dell'impiego in Spagna, ma non è questo il piano sul quale si colloca questa approssimazione al tema, più incentrata sulla valutazione della capacità dei meccanismi di riforma che sono stati pattuiti di cambiare o muovere qualcuna delle costanti negative del sistema. Al momento, molte delle riforme legali, soprattutto quelle relative alla reintroduzione del principio di causalità nei contratti a termine, sono state disattivate da una giurisprudenza preoccupata di preservare l'intangibilità delle facoltà dell'imprenditore nella libera rescissione del contratto che viene definito unilateralmente come temporaneo, e di legalizzare alcune operazioni organizzative che permettono di esternalizzare lavoro e servizi di un'impresa e, simultaneamente, somministrare per questa via manodopera eventuale. Probabilmente il recupero della figura della cessione illegale di lavoratori per la sua utilizzazione dinanzi ad alcune formule di somministrazione di manodopera a termine e, per altro verso, l'espressa introduzione del divieto di concatenazione contrattuale nelle Amministrazioni Pubbliche rivestono il carattere di norme-test per diagnosticare il tipo di risposta interpretativa e applicativa che forniranno i tribunali.

C'è, inoltre, un processo parallelo a questa regolamentazione generale che porta avanti un qualche tipo di regole normalmente più precise, costruite settorialmente attraverso la negoziazione collettiva e, singolarmente, attraverso iniziative legislative popolari come quella che ha promosso la Federación de la Construcción y Madera di CC.OO. e che ha trattato Izquierda Unida nel congresso: una legge sul subappalto nel settore dell'edilizia che stabilisce norme e limiti più incisivi rispetto a quelli che compaiono nell'Accordo come generica disciplina delle figure dell'appalto e subappalto.

Tali fenomeni regolativi non devono essere confusi con la tendenza, sostenuta ideologicamente dalle posizioni imprenditoriali, all'indebolimento delle regolamentazioni "generali" garantiste dei diritti dei lavoratori, trattandosi invece di esperienze che convergono con queste e che le rafforzano. Parimenti, un insieme di norme che è diretto a favorire il raggiungimento dell'uguaglianza tra donne e uomini, e che si inserisce nel disegno di legge sull'uguaglianza, dovrebbe essere posto in relazione al tipo di regolamentazione generale prevista in materia di occupazione a partire dall'Accordo.

L'Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del Empleo dipende, alla fin fine, dall'azione dei soggetti economici che realizzano tramite i loro comportamenti le tendenze che la normativa stimola e sovvenziona. Questa affermazione banale, la necessità che siano le imprese ad assumere e porre in pratica le linee di azione presenti nelle norme sull'impiego stabile e la proibizione di decisioni che si prendano gioco della stabilità del lavoro e delle sue garanzie, è accettata da tutti i soggetti che sono intervenuti nel dialogo sociale, ancorché le aspettative sulla sua esecuzione non siano molto incoraggianti. E ciò tanto sulla base dell'esperienza recente quanto con riguardo alle prassi dei settori maggiormente interessati dalla temporaneità.

Tuttavia, accanto al ragionevole pessimismo su come è solito reagire il mercato (?) attraverso i modelli abituali di reclutamento, è vero che nell'Accordo esistono sufficienti indicazioni per traslare all'amministrazione dello stesso una forte conflittualità in difesa della stabilità dell'impiego e della sua più elevata qualità. Questa salvaguardia continuata nel tempo degli aspetti dell'accordo che più infondono speranza esige che i sindacati considerino la sua fase esecutiva come un periodo di conflitto nel quale è necessario affermare una versione di quanto pattuito adeguata nei fatti agli obiettivi dichiarati nel medesimo accordo di concertazione sociale. Su questa base, l'Accordo firmato è un passo avanti nella giusta direzione.

(29/06/2006)

LUIGI MARIUCCI: La reforma laboral española

Publicado en "Eguaglianza e libertà

Anche in questo caso tuttavia Zapatero ha applicato puntualmente quanto scritto nel suo programma, dove aveva annunciato che il nuovo governo avrebbe adottato le misure di contrasto alla precarietà del lavoro concordate sul piano della concertazione sociale. Ci sono voluti quasi due anni di negoziazione. Ma ora l'acuerdo social c'è (vedi il testo, in spagnolo, nella sezione Documenti). Alcuni amici spagnoli dicono che "la montagna ha partorito il topolino". Il punto di vista italiano, dopo cinque anni di governo Berlusconi e di enfasi sulla flessibilità del lavoro intesa come valore in sé e taumaturgico fattore di sviluppo, è alquanto differente.

Di quell'accordo va infatti colto il messaggio essenziale. Lo stesso che è venuto dalla rivolta degli studenti della Sorbona contro il contratto di "primo impiego", fondato sulla libera licenziabilità per due anni dei neo-assunti, che il governo francese ha dovuto poi ritirare (vedi J.Freyssinet, La rivolta in Francia e le origini del CPE). Lo stesso messaggio venuto dal "no" del referendum francese alla proposta di nuova Costituzione europea, largamente fondato sulla preoccupazione che dietro a quel testo si celasse la politica di dumping sociale espressa dalla direttiva Bolkestein, quella di prima versione fondata sulla normativa del "paese d'origine", e simbolicamente espressa nella figura dell'"idraulico polacco".

Tutti questi messaggi hanno un significato univoco: l'Europa continentale non tollera la destrutturazione del suo modello sociale. Questo modello può essere riformato, ma non distrutto. All'Europa serve quindi una politica di valorizzazione e stabilizzazione del lavoro, non una politica di generalizzata flessibilizzazione e precarizzazione del lavoro, ad imitazione del modello americano, per un motivo anzitutto culturale e poi materiale: l'Europa può vincere la sfida della competitività globale solo puntando sul livello alto, della qualità del lavoro, della qualità sociale e produttiva, mentre la competizione bassa, fondata sul taglio delle garanzie e dei diritti sociali la vede perdente.

In questa direzione si collocano le misure di contrasto alla precarietà e di incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro previste nell'acuerdo social, che possono essere riassunte nei seguenti termini. In sostanza vengono stabiliti una serie di interventi diretti a favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Si introducono vari incentivi, in termini di fiscalizzazione degli oneri contributivi e anche di diretto finanziamento alle imprese che assumono lavoratori con contratti a tempo indeterminato ovvero convertono rapporti a termine in rapporti stabili. A questo fine si introduce la regola per cui se un contratto di lavoro temporaneo è stato reiterato per più di 24 mesi entro 30 mesi con la stessa impresa e per lo stesso posto di lavoro, quel contratto viene obbligatoriamente trasformato in un contratto a tempo indeterminato.

Si prevede poi, per contrastare le politiche di esternalizzazione fraudolenta, oltre a introdurre una serie di previsioni in materia di diritti sindacali nelle unità produttive coinvolte nella catena dei subappalti, di introdurre nello Statuto dei lavoratori una norma sulla cession illegal de los trabajadores che assomiglia come una goccia d'acqua al divieto delle "mere prestazioni di lavoro" contenuto nella legge italiana n.1369/1960, e poi abrogato dalla legge n.30/2003. Infine si prevedono una serie di interventi diretti a potenziare l'attività dei servizi pubblici dell'impiego, degli ispettorati del lavoro e le politiche di intervento attivo sul mercato del lavoro, a partire dalla formazione.

Da segnalare è il fatto che nessuna misura è prevista rispetto al lavoro parasubordinato o para-autonomo, cosiddetto sans prhase. Tutti gli interventi riguardano il lavoro subordinato, che è il vero oggetto della precarietà, non solo in Spagna, dove l'attività economica è trainata soprattutto dalla edilizia e dal settore turistico, e dove quindi fioriscono i lavori subordinati nelle forme più tradizionali, compreso l'impiego clandestino dei lavoratori extracomunitari, a dispetto delle eleganti disquisizioni sul post-fordismo. Resta invece nel cassetto una proposta di intervento legislativo sul "trabajo autonomo dependiente", talora enfatizzata in Italia, mentre procede alle Cortes un disegno di legge di regolamentazione degli appalti in edilizia, fondato tra le altre cose sul divieto di superare tre subappalti nella catena del decentramento delle imprese edili.

Dalla Spagna all'ItaliaCon questo non si vuole dire che dalla Spagna venga un insegnamento da applicare meccanicamente. E' del resto sbagliata ogni attitudine scolasticista nel diritto del lavoro comparato. Non faremo quindi ciò che abbiamo rimproverato agli altri quando ci raccontavano la favola della flessibilità come panacea, ammonendoci che "in Olanda, in Gran Bretagna e più in generale in Europa si fa così".

Va segnalata, intanto, una prima rilevante differenza tra Italia e Spagna. Zapatero ha atteso per quasi due anni, quindi forse troppo a lungo, l'acuerdo social. Ma lì l'accordo, pure preceduto da una lunga e complessa negoziazione, è stato firmato dal governo, dalla Confindustria spagnola e da due sindacati, Commissiones Obreras e UGT, perché in Spagna esiste una legge sulla rappresentatività sindacale tale da legittimare al tavolo della concertazione, appunto, solo due grandi confederazioni sindacali. Quante associazioni sindacali e di interessi si devono convocare invece in Italia nelle sedi della concertazione? Il governo D'Alema nel 1999 ne convocò ben 40, e altrettanto ha fatto poi il governo di centrodestra, avendo quindi buon gioco nel dividere gli interlocutori e nel togliere ogni effettività a una prassi seria di concertazione.Se ne deduce, a contrario, che in Italia una seria concertazione può essere rilanciata solo da una forte decisione politica del governo. Tocca quindi in Italia alla politica assumersi una specifica responsabilità, da esercitarsi tempestivamente anche in ragione delle molte attese suscitate dal programma sulla base del quale è stato eletto il nuovo governo.

A giudizio di chi scrive la decisione politica essenziale del governo Prodi dovrebbe quindi consistere in questo. Non fare intanto nessun nuovo "libro bianco del lavoro", ma semmai riassumere in un documento sobrio e succinto le intenzioni di fondo del governo in materia di politica del lavoro per la corrente legislatura. Quindi adottare subito, per decreto-legge, alcune misure abrogative delle parti della legge n. 30 del 2003 più segnate dalla criterio della flessibilità indiscriminata del lavoro: il lavoro a chiamata, la somministrazione a tempo indeterminato, la liberalizzazione del lavoro straordinario nel part time, la definizione degli enti bilaterali come "soggetti privilegiati nella gestione del mercato del lavoro", tanto per limitarsi ad alcuni esempi.

In questo stesso decreto-legge occorrerebbe adottare la misura essenziale per contrastare l'uso eccessivo dei contratti di lavoro precario e per riabituare le imprese a considerare che il fattore lavoro è il primo, e non l'ultimo, requisito di una efficace gestione aziendale: l'innalzamento del costo, in termini anzitutto contributivi, per i contratti a termine e precari, nelle varie tipologie, comprese le collaborazioni coordinate e continuative e i lavori a progetto, come annunciato nel programma elettorale del centrosinistra.

Poi presentare un disegno di legge in cui affrontare alcune questioni di fondo delle politiche del lavoro per cui si richiede una riscrittura e non una semplice abrogazione. Di tali questioni si possono qui citare solo i titoli: ridefinizione del campo di applicazione del diritto del lavoro (art.2094 c.c.), riforma del lavoro a termine, del lavoro interinale e in generale del lavoro in appalto, delle esternalizzazioni e dei trasferimenti d'impresa, dei servizi pubblici dell'impiego (per approfondimenti rinvio alla mia Introduzione a "Dopo la flessibilità, cosa? Le nuove politiche del lavoro", Il Mulino, 2006). In ogni caso non si dovrebbe presentare un ennesimo disegno di legge-delega: la tecnica del legge delega, con il successivo reiterarsi di pletorici decreti legislativi, poi sottoposti a successive modifiche, va scongiurata una volta per tutte, essendo all'origine della sviluppo caotico delle normative.

Su questo disegno di legge e sul documento politico che lo accompagna andrebbe aperto il confronto in sede di concertazione sociale e di Parlamento. Fare entro l'anno una buona legge di riforma del lavoro, scritta in 30-40 sobri articoli, e stipulare un nuovo accordo di concertazione: questo mi sembra un buon programma di governo.